VALIDEZ DE LOS "AJUSTES DE VALOR"FRENTE A LA APLICACION SUPLETORIA DE LALEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Posted on Thursday, May 21, 2009 in Uncategorized

PROPOSITO
El objetivo de este trabajo es señalar que los “ajustes de valor”, que la Administración Nacional de Aduanas formula a diario, constituyen por su estructura un “acto administrativo” y como tal, para que el mismo sea válido debe reunir los requisitos exigidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, con las modificaciones introducidas por la Ley 21.686 y su Dto. reglamentario 1759172(conf. modoDt. 1883/91).

Para ello deberé hacer una referencia expresa puntualizando la actividad administrativa que desarrolla la Administración Nacional de Aduanas, dentro del ámbito de la Administración Pública, teniendo en cuenta la naturaleza del ente y el régimen legal aplicable, cuyo particularismo, que no contiene una regulación administrativa sustancial, explica y a su vez constituye la causa de la norma prevista en el arto 1017 ap. 1del Código Aduanero. A partir de esta ubicación del tema en análisis, destacaré la gravedad del vicio contenido en los ajustes de valor, cuando al manifestar la Aduana su voluntad a través del acto administrativo, poniendo especial énfasis en aquellos que se dictaren con falta de “motivación” o en “violación a la ley aplicable” y las consecuencias que de ello se derivan.

Así circunscripto el tema, no entraré a desarrollar aspecto técnico-jurídicos específicos de la determinación del valor en aduana conforme al GATT, por tratarse de otra cuestión compleja, que merece un tratamiento individualizado. haciendo mención a este Acuerdo ratificado por nuestro país mediante la ley 23.311. Sólo me referiré a la consecuencia que nuestra legislación tiene prevista, por aplicación supletoria de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, cuando existe contradicción entre el “objeto del acto”, que en el caso sería el “ajuste de valor” y la norma jurídica aplicable.

CAPITULO PRIMERO
NOCIONES PRELIMINARES
1.1.Naturaleza del ente. Régimen
legal aplicable.

La ley 22.091(1)le atribuyó el carácter de ente autárquico disponiendo el articulo 1 que:
“La Administración Nacional de Aduanas funcionará como entidad autárquica en las condiciones previstas en la presente ley y será el órgano de ejecución de la política establecida por el Poder Ejecutivo Nacional en materia de legislación aduanera. El Control de legalidad de sus actos corresponderá al Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Estado de Hacienda)”, cumpliendo en la actualidad esa función la secretaría de Finanzas Públicas. con motivo de las modificaciones introducidas por la ley de Ministerios. Con la sanción del Código Aduanero (Ley 22.415)(2).se sistematizóla normativa aduanera hasta ese momento dispersa entre las Ordenanzas de Aduana -Ley 810- y leyes modificatorias, la ley de Aduana (1.0.1962 Ymodific.) y un largo listado de leyes y decretos reglamentarios que se encuentran detallados en el arto 1187 del C.A. al disponer la derogación de los mismos -continuandoen vigencia la ley22.091 con las modificaciones introduci-das por las leyes 23.905 y 23.993.1.2.

Fuentesformales y materiales
del derecho aduanero.
1.2.1. Formales.
El derecho aduanero se construye a partir de la Constitución Nacional que es su fuente directa. la que surge de los arts. 4; 9; 10; 11; 12; 16; 17; 18 Yde la atribución conferida al Congreso en el articulo 67 inc. 1
en cuanto dispone que le corresponde legislar “sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de importación, los cuales, así como las evaluaciones sobre que recaigan, serán uniformes en toda la nación…” y “reglamentar la navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes y crear y suprimir aduanas, sin que puedan suprimirse las aduanas exteriores, que existían en cada provincia, al tiempo de su incorporación”(3). Estas normas evidencian que la delegación constituyente que efectuaron las provincias al gobierno federal en materia aduanera fue total. al compatibilizarlas con la que surge de los artículo. 104. de la Constitución Nacional. completado por el artículo 107. donde se enumeran los poderes que las provincias conservan para sí y por el 108 que recopila los que han sido expresamente delegados(4). Continuando con la jerarquía de las fuentes. luego de las normas jurídicas constitucionales siguen las leyes dictadas por el congreso de la Nación y las que integran los Tratados Internacionales por medio de ratificación legislativa(S),los decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, las resoluciones del Ministerio del ramo -Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación-, de otros ministerios y de la Administración Nacional de Aduanas, las que pueden ser de alcance general o individual. En el caso particular del valor en aduanas de las mercaderías, nuestro país mediante la ley 23.311 aprobó el Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y su Protocolo, siendo esta ley reglamentada por el Poder Ejecutivo en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 86 inc. 2 de la Constitución Nacional, mediante el Decreto NQ 1026/87(6), constituyendo derecho aplicable en materia de valoración en aduanas de las mercaderías, juntamente con las resoluciones de aplicación que dicte el Administrador Nacional de Aduanas, las cuales no podrán alterar el espíritu de la ley, conforme a lo previsto en la misma norma constitucional.

1.2.2. Materiales.
Entre las fuentes materiales del derecho aduanero, se consideran en primer lugar los trabajos e instrumentos elaborados a nivel intemacional(7)como los Tratados MultilateraJ.es, referidos específicamente a la materia aduanera, de los cuales nuestro país no forma parte hasta el presente; recomendaciones del Consejo de Cooperación Aduanera que a la fecha no han sido aceptadas por nuestro país; normas aduaneras internacionales y Glosario de TérminoS Aduaneros Internacionales elaborados por el Consejo de Cooperación Aduanera, como asimismo otros estudios y trabajos publicados por este Organismo internacional, la legislación comparada; la doctrina nacional y extranjera; la jurisprudencia y la costumbre y los antecedentes relativos al Código Aduanero que surgen de la Exposición de Motivos que lo precedió(8).

1.3. Particularismo del DerechoAduanero.

Conforme a lo expuesto, en lo que hace al régimen jurídico aplicable, las normas que conforman el “Derecho Aduanero”, ponen de manifiesto que estamos en presencia de un sistema jurídico que posee un notorio particularismo, que se traduce en instituciones y regímenes jurídicos singulares, así como en un léxico propio, que hacen inaplicables soluciones previstas con carácter general en otras ramas del derecho(9). No obstante ello, sin entrar en la discusión doctrinaria respecto a si estamos en presencia de una autonomía científica o jurídica que también lleva implícita la legislativa, o si para considerada genéricamen te tal debe exigirse la “jurisdiccional” y “didáctica”, sobre 10 que no existe controversia alguna, por así surgir de las normas positivas, es que la materia aduanera y su régimen jurídico de derecho público, sonde naturaleza federal.
De este modo se ha consagrado legalmente la jurisdicción federal. Además resulta compatible con lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Nacional, en razón de que las causas de aduana son regidas directa e inmediatamente por ella, y en estos casos se cuestionan poderes conferidos, protecciones aseguradas o prohibiciones establecidas por la propia Constitución, leyes o tratados internacionales, donde la unidad de interpretación es esencial. Las fuentes formales del derecho aduanero a las que hice referencia en párrafos anteriores, juntamente con el particularismo que la caracteriza se encuentran sistémicamente interrelacionadas y se sustentan sobre el régimen de derecho público vigente en nuestro país. Por este motivo, y teniendo en cuenta la actividad administrativa que desarrolla la Administración Nacional de Aduanas, es que no incluye el Código Aduanero normas sustanciales de derecho administrativo, limitándose a regular solamente los procedimientos de los actos constitutivos o recursivos que hacen a la especificidad de la materia y caracterizan el particularismo de su régimen. Pero esta metodología lleva implícito el reconocimiento del régimen subyacente de derecho público. Por ello, la aplicación supletoria de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos prevista en el artículo 1017 ap. 1 del Código Aduanero, significa que su aplicación corresponde, no sólo para resolver cuestiones no previstas expresamente en el orden estrictamente
formal o procesal, en el Código Aduane-
ro, sino también en el aspecto sustancial.
1.3.1. ¿Aplicación supletori o directa
de la L.N.P.A.?
Si tenemos en cuenta que las normas
sustanciales previstas en la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos 19.549
-con las modificaciones de la Ley 21.686-,
regulan el ejercicio de la actividad en la
Administración Pública en el orden local y
nacional{l1)y que la Administración Nacio-
nal de Aduanas, desempefia una función
administrativa dentro del área del Poder
Ejecutivo de la Nación, las normas y prin-
cipios generales que regulan su actividad,
deben buscarse en la aplicación directa de
la Ley Nacional de Procedimientos Admi-
nistrativos, correspondiendo la aplicación
supletoria, sólo respecto a normas proce-
sales no previstas en los procedimientos
regulados por el Código Aduanero.
Conforme a ello, en mi opinión, son de
aplicación directa las normas que regulan
la competencia del órgano y las cuestiones que se susciten en relación a ella -solución
de contiendas negativas y positivas-(12),re-
cusación y excusación de funcionarios y
empleados(\3), los requisitos esenciales(14)
que debe reunir el acto administrativo emi-
tido por la Aduana para que sea válido, co-
mo así también el régimen de nulidades(IS),
siendo cada una de estas cuestiones citadas
expresamente sólo una enunciación a título
ejemplificativo.
También son de cumplimiento obliga-
torio para la Administración Nacional de
Aduanas, los principios de oficialidad y
de eficacia(I6),que han sido acogidos for-
malmente por el derecho administrativo, al
haber sido incorporados en el Título 1,arto
4 y 5 del reglamento de la ley, Dto.
1759/72, conforme a las modificaciones
introducidas por el Dto. 1883191.
El fundamento de la obligatoriedad ra-
dica en que estos principios generales,
también regulan la actividad administrati-
va en el orden nacional y local, de la cual
la Administración Nacional de Aduanas
forma parte.
CAPITULO SEGUNDO
LA VALORACION ADUANERA
DE LAS MERCADERIAS
2.1. Carácter reglado o discrecional
de la valoración aduanera.
Siendo la valoración aduanera, una de
las materias de competencia específica de
la Administración Nacional de Aduanas(17),
55
y partiendo del principio de que el ejerci-
cio de la competencia propia atribuida en
forma expresa, constituye una obligación
legal(1S),cuya falta de cumplimiento, o el
ejercicio defectuoso puede generar respon-
sabilidad frente a terceros, es importante
determinar el modo de ejercicio de esa ac-
tividad frente a 10previsto en los artículos
1 a 7 del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio, y el Protocolo re-
lativo a la aplicación del art. VII del
Acuerdo, que en adelante denominaré
Acuerdo del GATT, adoptado por nuestro
país mediante Ley 23.311 Y reglamentado
por Decreto 1026/87.
Frente a ellos, en principio parecería no
caber duda de que se trata de un actividad
reglada, ya que la forma en que debe efec-
tuarse la valoración aduanera de las mer-
caderías, está predeterminada por la ley,
inclusive estableciendo como principio, la
aceptación del “valor de transacción” en
el arto 12Yestableciendo la secuencia que
debe seguirse para la aplicación de cada
uno de los restantes métodos.
Pero, cuando el servicio aduanero, de-
cide apartarse de ese principio, que consti-
tuye la base de este sistema de valoración,
al ejercer el poder-facultad de elegir cual-
quier otro de los métodos previstos, -como
solución en el caso en particular-, también
está ejerciendo una actividad reglada en
este aspecto, porque su espacio de libertad
en la decisión está acotado por los supues-
tos predeterminados en la norma objetiva,
10 que implica que en la aplicación de los
métodos debe respetarse el orden de prevalencia hasta llegar a una única solución
justa para el caso particular(19).
2.2. El “valor en Aduana” es un
“conceptojurídico determinado”.
A partir de la Ley 23.311 y su Dto. re-
glamentario 1026/87, por los cuales nues-
tro país adoptó el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio, y el
Protocolo del Acuerdo (GATI), se produjo
un cambio sustancial en el ámbito de la
valoración de mercaderías, conforme a la
normativa vigente hasta ese momento, al
sustituirse el concepto de “definición te6-
rica de valor” por el de “definici6n positi-
va de valor”, sustentándose esta última en
el valor de transacción, como” la primera
base del valor en aduana” (20).
Lo manifestado en los párrafos anterio-
res, es a los efectos de destacar que la va-
loración aduanera de las mercaderías, co-
mo actividad de competencia del servicio
aduanero, es reglada, y, aún en el caso de
existir un margen de discrecionalidad, que
consiste estrictamente en elegir la aplica-
ción de un método distinto del de transac-
ción establecido en el arto1
Q
del Acuerdo,
su ejercicio también está reglado y acotado
por las normas objetivas comentadas, sien-
do importante remarcar el carácter reglado
o discrecional de esta actividad, por las
consecuencias que recaen sobre la falta de
motivación en aquellos casos en los cua-
les en la determinación de valor, el servi-
cio aduanero se aparte del método estable-
cido en el arto1
Q,
Ysu incidenciaenrela-
ción al control jurisdiccional.
2.3. La valoración aduanera como
acto administrativo.
Cualquiera sea la definición que se to-
me de acto administrativo, en general po-
demos coincidir que la decisión adoptada
por la aduana, en oportunidad de observar
el valor declarado en una operación adua-
nera, en particular en la cual le impone de
oficio un valor, configura el dictado de un
acto aGministrativo,al que podríamos defi-
nir tentativamente, como: toda declaración
emitida por cualquier jurisdicción aduane-
ra, que en ejercicio de la función adminis-
trativa caracterizada por un régimen jurídi-
co exorbitante del derecho privado, le atri-
buye valor a una mercadería objeto de un
importación apartándose del valor de tran-
sacción, generando con ello efectos jurídi-
cos individuales directos con relación a
terceros.
Si bien esta definición es perfectible, la
cuestión no es polemizar en relación a la
misma, sino traducir en los hechos lo que
ocurre jurídicamente cuando la aduana ob-
serva el valor documentado, o valora de
oficio a través de los “ajustes” que en la
práctica exterioriza con distintas denomi-
naciones.
Es precisamente la ubicación adecuada
de este acto dentro del ámbito del derecho
administrativo, el que le da coherencia al
sistema, y es aquí donde debe aplicarse la
Ley Nacional de Procedimientos Adminis-
trativos, conforme a lo previsto por el pro-
pio Código Aduanero en el arto 1017 Ap.
1, para 10 cual deben tenerse presente los
requisitos esenciales previstos en el arto7
de la misma.

Por las mismas razones y atento a la
homogeneidad del ordenamiento jurídico
contenido en la L.N.P.A., es de aplicación
el régimen de nulidades previsto en la mis-
ma, debiendo tenerse presente que el Códi-
go Aduanero no contiene un régimen sus-
tancial de nulidades de los actos(21).Por es-
te motivo debe resaltarse la importancia de
lo previsto en el arto 17 de la L.N.P.A., en
cuanto impone a la Administración la obli-
gación de revocar o sustituir aún en sede
administrativa, el acto afectado de nuli-
dad absoluta por considerarlo irregular,
tipificando el arto14 las distintas hipótesis
en las cuales el acto administrativo es nu-
lo, de nulidad absoluta e insanable, entre
los cuales citaré por ser de interés para la
problemática de la valoración aduanera,
los casos previstos en el inc. b): “b) cuan-
do fuere emitido mediando incompetencia
en razón de la materia, del territorio, del
tiempo o del grado” . salvo, en este último
supuesto, que la delegación o sustitución
estuvieren permitidas, falta de causa por
no existir o ser falsos los hechos o el dere-
cho invocados, o por violación a la ley
aplicable, de las formas esenciales o de la
finalidad que inspiró su dictado.
2.4. Requisitosque debe reunir el ac-
to de valoración aduanera para su vali-
dez.
Con carácter preliminar debo hacer la
distinción de que la expresión “acto de va-
loración aduanera de mercaderfas”, está
57
referida exclusivamente al acto de aplica-
ción individual, es decir al acto jurídico
que emite el servicio aduanero en la opor-
tunidad de controlar la declaración del va-
lor documentado en una operación de im-
portación en particular(22).
Conforme a lo previsto en el arto7 de la
L.N.P.A., los elementos esenciales del acto
administrativo, son: competencia, causa,
objeto, procedimiento, motivación y fi-
nalidad.
2.4.1. Competencia.
Además de estar previsto en el arto 7
inc. a)<23),surge de los considerandos de la
Resolución A.N.A. NQ3079/93(14),dictada
con fundamento legal en las leyes 23.311 y
23.905, Dto. 1026/87 y Resolución A.N.A.
1166/92(25),que el órgano competente es la
División Análisis e Información, con inter-
vención de los Equipos de Valoración de
especialidad en el ramo al que correspon-
dan las mercaderías documentadas.
2.4.2. La causa.
La causa(26),en lo que se refiere a los
“antecedentes de hecho”. consiste en la
existencia de una declaración de importa-
ción de mercaderías.
Respecto del “derecho aplicable”, el
mismo consiste en el Artículo VII del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduane-
ros y Comercio y su Protocolo, aprobados
por nuestro país mediante Ley 23.311, re-
glamentada por el Poder Ejecutivo por De-
creto 1026/87. Son también de aplicación las Resolucones dictadas por el Adminis-
trador Nacional de Aduanas, NQ1166/92 Y
3070/93, que reglamentan cuestiones téc-
nico-operativas para la implementación
del régimen, sin perjuicio de lo cual pre-
vén puestas de relieve en particular.
Es importante destacar en este punto
que este sistema de valoración de merca-
derías adoptado por nuestro país, establece
como principio, la aceptación del valor de
transacción y en el supuesto en que éste
no sea aceptado por el servicio aduanero,
deberá aplicar los demás criterios o méto-
dos de valoración de mercaderías en adua-
na, respetando la secuencia expresamente
establecida en el sistema (arts. 1 a 7 del
Acuerdo del GATI).
2.4.3. Objeto.
El objeto(27)concreto es valorar adua-
neramente las mercaderías declaradas en
las solicitudes de destinación de importa-
ción, y esta actividad puede consistir:
a) En la aceptación del valor documen-
tado, en cuyo caso se dejará constancia de
ello en el cuerpo del despacho, en los par-
ciales 1 y 2, con las formalidades estable-
cidas en la Resol. A.N.A. NQ3079 – Anexo
III.
b) Supeditar(28) el valor documentado,
10que implica la iniciación de un procedi-
miento que realiza de oficio, el cual luego
de la investigación o verificaciones que
realice el servicio aduanero, puede termi-
nar dejando sin efecto la observación for-
mulada, con lo cual se aceptaría el valor
documentado por el importador, o formu-
lando un ajustede valor si se dan los pre-
supuestos establecidos en el art. 8 del
AcuerdodelGATI.
c) Ajustar el valor, directamente de
oficio a través de la formulación de los
cargospertinentes.
En los supuestos individualizados b) y
c) la injerencia que pueda tener el importa-
dor en el procedimiento previo a la emi-
sión del acto, reviste el carácter de colabo-
ración para con el servicio aduanero, per-
mitiendo al importador acercar elementos
de juicio que puedan contribuir para de-
mostrar que efectivamente el valor decla-
rado corresponde al valor de transacción
de la mercaderías, que en ese momento se
está cuestionando.
Pero, aún no hay acto de valoración
aduanera. Tampoco lo hay en el anuncio
que efectúa el servicio aduanero, a través
de listados que exhibe en sus dependen-
cias, para conocimiento de importadores
y/o despachantes de aduana, de los ajustes
de valor “que en principio estime aplica-
bles” , previendo un procedimiento de con-
sultas, “que le permitan finalmente deter-
minar la base de valoración aplicable, ya
sea ratificando o modificando su posición
original” .
Como surge del párrafo transcripto(29),
la inexistencia de acto se encuentra allí
reconocida, no existiendo además duda al
respecto, toda vez que uno de los caracte-
res del acto administrativo y que constitu-
ye además una prerrogativa para la Admi-
nistración Pública, es el de la “ejecutoriedad”(30),que le pennite ejercer la facultad
de disponer el cumplimiento del acto,
mientras que en los listados que anuncian
la tentativa de ajustes, el servicio aduanero
se encuentra cumpliendo una etapa del
procedimiento constitutivo del acto a emi-
tirse(3I).
Existe entonces acto de valoración
aduanera, cuando el servicio aduanero
acepta el valor declarado por el importa-
dor, lo supedita(32),o cuando formula un
ajuste disponiendo en fonna inmediata la
fOffi1Ulaciónde los cargos por las diferen-
cias tributarias observadas, por tratarse de
declaraciones que trasuntan una mani-
festación de voluntad, que en todos los
casos tienen efectos jurúlicos directos e
individuales respecto a terceros, reunién-
dose con ello los requisitos que definen el
acto administrativo y que 10diferencian de
aquellas estimaciones, en las cuales aún no
se materializó la decisión de la Adminis-
tración, debiendo supeditarse la misma al
cumplimiento de detenninadas exigencias,
como consultas con el importador, aporte
de pruebas, etc. o la expiración de los pla-
zos previstos sin la colaboración de este
S9
último, cuyo procedimiento la misma re-
glamentación contempla.
2.4.4. Procedimiento y forma.
Debe distinguirse el procedimiento(33)
establecido en la Resol. 3079/93 A.N.A.
de la aplicación del acto emitidos al efec-
tuarse el control del valor.
Como consecuencia del primero puede
suceder, que el servicio aduanero acepte el
valor declarado por el importador origina-
riamente en el despacho, 10supedite, o de-
cida efectuar un ajuste.
En cada uno de estos supuestos el pro-
cedimiento y la fonna(34)se encuentran es-
trechamente vinculados, de modo tal que
si bien este último elemento se encuentra
previsto en el arto8 de la L.N.P.A., 10 in-
cluyo en este punto, por la particular mo-
dalidad que presenta en el acto de valora-
ción aduanera, 10 que surgirá de los su-
puestos que analizaré a continuación.
a) aceptación del valor.
Esta hipótesis está prevista en la regla-
mentación(3S),y confonne a ella la manifes-
tación del servicio aduanero se exterioriza a través de la constancia en el cuerpo del
despacho con la rúbrica y sello del agente
interviniente al dorso de los ejemplares 1 y
2 del despacho en el campo “Valoración
Conforme”(36).
b) supeditación del valor.
Se encuentra previsto dentro del proce-
dimiento la obligación de efectuarla con
informe fundado, en el cual debe expre-
sarse el motivo de la supeditación de va-
lor y, en su caso la exigencia de la ga-
rantía.
De acuerdo al procedimiento
a se-
guir<37),también en este caso la forma de
exteriorización está normada, y consiste en
dejar constancia de esta circunstancia me-
diante la aplicación de un sello a insertarse
al dorso de la carpeta del despacho y par-
ciales 1 y 2, pudiendo exigirse o no ga-
rantía de acuerdo a lo que correspondiere,
ya que es facultativo de los Equipos de va-
loración la adopción de esta decisión(38).
Pero debe tenerse presente:
b’) que en caso de exigirla debe fundar
la decisión (1.3.2. in fine);
Además, como el procedimiento prevé
un plazo para su conclusión:
b”) si se considera que no es necesario
exigir garantía, debe cumplirse con las in-
tervenciones y secuencias previstas en el
mismo, debiendo concluir el procedimien-
to dentro de los 120 (ciento veinte) días
contados desde la fecha en que se produjo
la “supeditación”, y sólo en casos debida-
mente fundados y con la intervención del
Secretario Técnico se podrá prorrogar este
plazo por otro de igual término con carác-
ter de adicional;
b”‘) si la garantía fue exigida, también
se encuentra previsto un plazo de 120
(ciento veinte) días para su vigencia, el
que puede ser prorrogado de oficio por
la División Análisis e Información, con la
previa intervención del Secretario Técnico,
por igual período y por única vez, “de ser
necesario, a los fines de finiquitar la in-
vestigación” (39),incluyéndose especial-
mente la previsión de que de no haberse
prorrogado de oficio quedarán automá-
ticamente liberadas y a disposición de
los interesados, quienes deberán solicitar
la devolución mediante el trámite de prác-
tica.
c) efectuar ajustes de valor.
El procedimiento es el establecido en el
punto 1.3.3. de la Resol. 3079/94 que esta-
blece el régimen de consultas previas, con
participación -no obligatoria- del impor-
tador, conforme a lo previsto en el Acuer-
do del GATI.
2.4.5. Motivación.
La motivación para distinguirla del
“motivo” ha sido definida como la exterio-
-rización o exposición de los motivos del
.
acto administrativo(40J.
Este requisitoesencial del acto admi-
nistrativo,ademásde estar previsto en el inc. e) del arto7 de la L.N.P.A.(41),es exigi-
do expresamente en la reglamentación
aduaneran análisis en el punto 1.3.1. al
establecer que tanto el motivo de la supe-
ditación de valor como en su caso la exi-
gencia de garantía deben efectuarse con
un informe fundado.
También en el procedimiento de con-
sultas con el importador, previo a la reali-
zación de “ajustes de valor”, la misma re-
glamentación exige que en la confección
de los listados que serán exhibidos, “se in-
dicará someramente elfundamento de los
mismos”
(42).
En ambos casos este recaudo recepta el
requisito previsto en el arto7 inc. e) de la
L.P.N.A., exigiendo concretamente esta
norma para que haya “motivación”, la reu-
nión de tres aspectos sustanciales que la
conforman y que son los siguientes: “los
hechos y antecedentes que le sirven de
causa”, “el derecho aplicable” y “las ra-
zones que inducen a emitir el acto”.
Resulta imperativo entonces para el
servicio aduanero, fundar todos los actos
por los cuales “supedite un valor” o practi-
que un “ajuste”, estando obligado a ello
por 10 dispuesto por la misma norma que
reglamenta esta actividad, para 10cual de-
berá satisfacer los tres aspectos sustancia-
les que conforman este requisito, siendo su
fuente normativa el arto7 inc. 3) de la L.N-
.P.A. Yel arto1017 ap.1. del Código Adua-
nero.
Esta exigencia se hace más imperativa
aún cuando existe discrecionalidad, sobre
61
cualquier aspecto de la misma cuestión.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia
de la Nación sostuvo: “la circunstancia de
que la Administración obre en ejercicio de
facultades discrecionales, en manera algu-
na puede constituir un justificativo de su
conducta arbitraria” y “que es precisa-
mente la razonabilidad con que se ejercen
tales facultades, el principio que otorga
validez a los actos de los órganos del Es-
tado y que pelmite a losjueces, ante plan-
!
teos concretosde parte interesada,verifi-
car el cumplimiento de dicha exigencia sin
que por ello implique la violación del
principio de división de poderes que con-
sagra la Constitución Nacional”, depen-
diendo dicha verificación de la existencia
de un acto debidamente motivado(43).
En este supuesto la incidencia de las
motivaciones de hecho y de derecho que
efectúa el funcionario que debe decidir,
deben quedar suficientemente explicitadas,
ya que el requisito de la motivación consti-
tuye una tutela para impedir el abuso de
poder44).
La falta de motivación en que incurre el
servicio aduanero cuando efectúa ajustes
de valor ha sido observada también por
uno de los coautores del Código Aduane-
ro(45),recordando el requisito previsto en el
arto7 de la L.N.P.A., en el inciso e) y su
remisión al b), de los cuales surge la exis-
tencia de los tres aspectos sustanciales que
conforman el concepto de “motivación” a
los que hice referencia en párrafos anterio-
res.


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